La Constitución Española, en su artículo 40.2 encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

 

Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, su pilar fundamental.

 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y los empresarios un correlativo deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales (Art. 14 LPRL). En el caso del empleado público, cuando mencionamos al empresario sería a la Administración Pública.

 

Desde la entrada en vigor de dicha ley, se crea la figura de los Delegados de Prevención, resaltando su presencia en los centros de trabajo y en la consulta y participación en la prevención a través de los Comités de Seguridad y Salud participando en la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales dentro de la actividad empresarial.

 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos establecidos en dicha ley.

 

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones referentes a riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos anteriores y medidas adoptadas; en especial, dicha información se facilitará a través de los representantes de los trabajadores (Artículo 18 LPRL).

 

No obstante, los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación previstos en la ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 

Los Delegados de Prevención, son los representantes de los trabajadores en el ámbito específico de la prevención de riesgos laborales, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Son designados por y entre los representantes del personal, pudiéndose designar también a través de otros sistemas recogidos en la propia ley (Art. 35.4. LPRL). La Ley establece sus competencias y unidas a estas las facultades necesarias para ejercerlas, teniendo las garantías propias de los representantes de los trabajadores y además formar parte del Comité de Seguridad y Salud.